El Consejo de Estado de Colombia se vuelve a ser investigando por un caso contra el Estado, afirmando que los niveles inadecuados de seguridad resultó en el secuestro y asesinato de 11 políticos, el diario El Espectador informó el miércoles.
La Tercera División del Consejo de Estado ha puesto en marcha una revisión de la demanda presentada contra el Estado por el secuestro y asesinato de 11 políticos, ejecutados por el mayor grupo rebelde de Colombia FARC.
Durante los próximos días, el alto tribunal comenzará a recopilar pruebas, para determinar si hay reclamos sustanciales contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Gobierno del Valle.
Según El Espectador, la sentencia declaró que a pesar de la muerte de los 11 representantes políticos no fueron ejecutados directamente por el Estado, hubo un insuficiente nivel de seguridad.
Los funcionarios fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 por un grupo de miembros de las FARC que ingresaron a la Asamblea Cali vestido con uniforme militar. El grupo rebelde anunció que había una bomba en el edificio y procedió a evacuar a los políticos a "seguridad", en un autobús de salir de la ciudad. Los funcionarios adjuntos fueron posteriormente informaron de que estaban siendo secuestrados.
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