Este
último dato no sería fruto de la casualidad, según una investigación
elaborada por la Universidad de California-Berkeley, que indica que las
cárceles estadounidenses gestionadas por compañías privadas -que en la
actualidad albergan a más de 120.000 personas- seleccionan a reclusos de
estas minorías porque son más baratos de mantener.
¿Y por qué es más económico encarcelar a un hispano que a un blanco?
Según
la investigación llevada a cabo por el estudiante de doctorado
Christopher Petrella, ello se debe a que los presos negros e hispanos
tienden a ser más jóvenes que sus pares blancos y por lo tanto requieren
de menos cuidados médicos.
En su estudio Petrella
señala que el hecho de que los reos pertenecientes a minorías tengan una
edad promedio más baja es atribuible en buena medida a la "guerra
contra las drogas" que las autoridades estadounidenses han librado en
las últimas tres décadas y que ha afectado de forma desproporcionada a
negros e hispanos, a quienes se les han impuesto duras condenas.
Así,
según explica Petrella, los prisioneros mayores de 50 años en las
cárceles de EE.UU. son predominantemente blancos mientras que aquellos
que tienen edades comprendidas entre los 20 y 40 años suelen ser negros,
hispanos o de otra minorías raciales.
"Racismo oculto"
Para
su estudio, Petrella analizó los datos de nueve estados con grandes
poblaciones carcelarias en instituciones privadas como California,
Georgia, Oklahoma y Texas.
Gracias a la Ley para la
Libertad de Información, el investigador tuvo acceso a los contratos que
las autoridades públicas firmaron con compañías como la Corporación de
Correccionales de América (CCA, por sus siglas en inglés) o el Grupo
Geo, Inc.
El investigador encontró que en esos
contratos había exenciones implícitas y explicitas que permitían que las
empresas seleccionaran a los reos que iban a albergar en sus
instalaciones, permitiéndoles discriminar por razón de edad o por
cuestiones de salud, evitando a los presos con enfermedades crónicas o
costos sanitarios "por encima de la media".
Petrella
cita en su estudio un informe de la Unión de Libertados Civiles de
EE.UU. (ACLU, por sus siglas en inglés) que señala que el costo de
mantener a un preso mayor de 50 años en EE.UU. ronda los US$68.000,
mientras que el de un recluso más joven se sitúa en los US$34.000.
"El
hecho de que las minorías raciales estén sobrerrepresentadas en las
cárceles privadas, incluso si se compara con las cárceles públicas, en
las que eso también sucede, es una muestra del racismo oculto que
todavía existe en este país", aseguró Christopher Petrella en
Conversación con BBC Mundo.
"En la superficie las
leyes y las políticas gubernamentales se supone que son neutrales en
cuanto a la raza. Sin embargo, continúan teniendo efectos
desproporcionados para las minorías raciales. Eso es todavía un problema
mayor si se tiene en cuenta el pobre trabajo que se hace en las
prisiones privadas para rehabilitar a los reclusos y reinsertarlos en la
sociedad", apuntó el investigador.
"Además, creo que
los datos de mi estudio demuestran que la afirmación de que las
prisiones privadas ahorran dinero al erario público no es cierta ya que,
como sólo aceptan a reclusos jóvenes y sanos, es obvio que los costes
de mantenimiento son más bajos".
"Programas de calidad"
Petrella
considera que las prisiones privadas son un modelo de negocio "muy
lucrativo", entre otros motivos porque no se les exige ningún tipo de
transparencia a las compañías que las gestionan, lo que en su opinión no
debería ser así, ya que "hay muy pocos negocios que obtengan tanto
dinero de las administraciones públicas".
"La
prisiones privadas presentan incentivos económicos perversos. Si uno de
los principales objetivos de la encarcelación es la rehabilitación de
los presos para que puedan reinsertarse en la sociedad, crear un modelo
de negocio basado en aumentar los niveles de encarcelamientos no da a
las compañías privadas ningún tipo de incentivo para que rehabiliten a
los presos".
Petrella recuerda las críticas que se
han vertido contra las compañías que gestionan las cárceles privadas por
gastar millones de dólares en convencer a los legisladores para que se
impongan condenas más duras que aumenten el número de reclusos en las
prisiones o por requerir en sus contratos con las administraciones un
nivel mínimo de ocupación de sus instalaciones.
En
respuesta a las afirmaciones que Christopher Petrella hace en su
estudio, un portavoz de la compañía privada CCA, que gestiona más de 60
centros de internamiento privados en EE.UU., aseguró a BBC Mundo que la
investigación "es un fracaso".
"No sólo por sus
conclusiones sino porque no llega a comprender el tipo de contratación
que realizamos con nuestros socios gubernamentales o los tipos de
programas que ofrecemos a los presos en nuestras instalaciones", señaló
Steve Owen.
"Los contratos que firmamos con nuestros
socios gubernamentales son acordados mutuamente y , como clientes, las
administraciones tienen mucha capacidad de negociación respecto a las
condiciones", apuntó Owen.
"Como parte del proceso de
contratación, nuestros socios determinan cuál es la mejor manera de
manejar costos como los gastos sanitarios y nosotros trabajamos en base a
sus necesidades y sus preferencias".
"También nos
oponemos a la caracterización que se hace en el estudio de nuestros
programas para los reclusos. No sabemos de dónde han sacado los autores
del estudio -quienes no nos contactaron antes de publicarlo- la idea
equivocada de que proporcionamos muy pocos programas de rehabilitación
en comparación con las cárceles públicas. Esa afirmación es incorrecta y
no se la atribuyen a nadie en el informe", señaló el portavoz de CCA.
"Nuestra
compañía está comprometida a proporcionar alojamiento confiable y
seguro, así como rehabilitación y programas de reinserción de calidad a
un precio que ahorra dinero a los contribuyentes", dijo Owen.
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