El estado de Texas ejecutó, este miércoles, al mexicano Ramiro Hernández Llanas, un caso que ha sido objeto de un largo e infructuoso litigio judicial con vistas a su revisión.
La defensa había apelado, sin éxito, a su discapacidad intelectual, al incumplimiento parcial de sus derechos como ciudadano extranjero y, en las últimas semanas, al cambio de proveedor de los fármacos para la inyección letal en Texas.
La Justicia declaró culpable a Hernández Llanas en febrero de 2000 por la muerte, tres años antes, de un hombre para el que trabajaba y la violación repetida de la esposa de éste, según figura en la ficha del Departamento de Justicia Criminal de Texas.
Las abogadas defensoras han alegado que el jurado que lo condenó no tuvo en cuenta "las condiciones extraordinariamente duras en las que creció" en Nuevo Laredo, norte de México."Creció en una pobreza inimaginable para la mayoría de las personas que se sentaban en su jurado", justifican las letradas. Se refieren a una choza hecha de cartón y chatarra, sin electricidad ni agua corriente.
"Comió de la basura, trabajó desde los cuatro años, fue expuesto a productos químicos tóxicos", prosiguen en sus escritos. "Sus padres lo golpearon sin piedad. Nadie le ayudó a aprender".
Ramiro tiene ocho hermanos y seis de ellos lo visitaron en los últimos días antes de la ejecución. Algunos viven en Estados Unidos y otros, en México. "Estos días hemos estado conviviendo juntos, llorando, riendo, compartiendo lo que él nos ha transmitido", dijo una de las hermanas, Adelita.
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